El 18 de julio de 1994 por la mañana, el
conductor de una camioneta Traffic marca Renault estacionó frente a la sede de
la AMIA. La camioneta llevaba una carga de varios cientos de kilos de nitrato
de amonio y TNT que al detonar hicieron colapsar el edificio de seis pisos
perteneciente a la mutual judía.
Como consecuencia de ello murieron 85 personas
y otras 300 resultaron heridas. Una larga y compleja investigación que llega
hasta estos días ha permitido identificar a los autores del atentado. Pero aún
no se hizo justicia.
La investigación estuvo plagada de
irregularidades y puntos oscuros. El último, un misterio aún no resuelto: la
muerte del fiscal especial Alberto Nisman, hallado sin vida con un disparo en
la sien el 18 de enero de este año. En este lapso, la Justicia abrió 175
expedientes con 33.000 hojas; anexos con 21.000 hojas; los legajos con
hipótesis del atentado alcanzan las 166 hojas. La investigación supuso 377
interceptaciones telefónicas; 292.000 horas de escuchas; 205 allanamientos;
1.465 declaraciones de testigos, y 188 declaraciones indagatorias. Cuatro
oficiales de la Policía Bonaerense detenidos. Los indagados por la causa tienen
prohibida la salida del país: el expresidente Carlos Menem, el exjuez federal
Juan José Galeano, el exfiscal Eamon Mullen, el director de la DAIA (la otra
institución judía) RubenBeraja.
Mañana se cumplen 21 años del peor atentado
terrorista consumado en América Latina y uno de los más graves en todo el
mundo. Hoy tendrá lugar la ceremonia conmemorativa, que comenzará unos diez
minutos antes de las 10 horas.
Debido a que la fecha exacta cae en shabat, el
día de descanso judío, todos los eventos alusivos se adelantaron un día.
Bajo el lema «Víctimas del terrorismo.
Víctimas de la impunidad», familiares y amigos de las víctimas, junto a
líderes de la comunidad judía, renovarán su pedido de verdad y justicia. Además
de este acto organizado por la AMIA, han sido convocados otros dos —impulsados
por diferentes grupos de sobrevivientes y amigos y familiares de las víctimas—,
que se realizarán ante los Tribunales y frente a la sede del Ejecutivo
argentino. La multiplicidad de actos obedece a la divisiones dentro de la
colectividad judía y los familiares de las víctimas respecto a las estrategias
para avanzar hacia el esclarecimiento del atentado.
Uno de los principales puntos de divergencia
es el memorando de entendimiento que Argentina firmó en 2013 con Irán para
intentar esclarecer el ataque, cuya planificación y ejecución es atribuida al
grupo terrorista Hezbolá.
El acuerdo contemplaba la creación de una
comisión de expertos para la revisión de la causa judicial por el atentado a la
AMIA y el desplazamiento del juez argentino a cargo del caso a Teherán para
interrogar a los sospechosos.
Ese listado lo integran el exministro iraní de
Defensa Ahmad Vahidi, el exministro de Información AlíFa llahijan, el exasesor
gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires
Moshen Rabbani y el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari. La Justicia
también pidió la captura del exviceministro de Exteriores para Asuntos
Africanos de Irán Hadi Soleimanpour, del expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y
del exministro de Exteriores AlíAkbar Velayati.
Rubricado en enero de 2013, el memorando fue
declarado inconstitucional por un tribunal argentino, una decisión que fue
apelada por el Gobierno.
El acuerdo ha provocado un fuerte
distanciamiento entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la
mayoría de la comunidad judía.
Pero además, este acuerdo se convirtió en
motivo principal de la acusación que el fiscal Nisman descargó contra la
presidenta y el canciller Héctor Timerman, a quienes acusó de buscar el encubrimiento
del atentado. Cuatro días después de su presentación judicial, Nisman fue
hallado muerto de un disparo en la sien en su casa de Buenos Aires, en
circunstancias que seis meses de investigación no han sabido aclarar.
Los querellantes en el caso también reclaman
justicia para castigar a quienes localmente dieron apoyo a los terroristas para
perpetrar la voladura de la mutualista con un coche-bomba. Los únicos
detenidos, cuatro policías, fueron absueltos.
El atentado se produjo dos años después de
otro casi idéntico, en el que un vehículo con explosivos estacionado frente a
la embajada de Israel en Buenos Aires terminó con la vida de 29 personas y dejó
un saldo de 242 heridos. Un ala de Hezbolá se atribuyó el atentado, y muchos
funcionarios de Estados Unidos creían que el régimen de Irán había aprobado y
ayudado a concretar el ataque.
Una muerte que sigue sin aclararse.
Un apartamento en el piso 13 de una exclusiva
torre de Puerto Madero se convirtió en el escenario de un misterio que hoy,
siete meses más tarde, continúa sin develarse. Alberto Nisman fue hallado en el
baño de su apartamento con un disparo en la sien derecha. A su lado se encontró
una pistola Bersa calibre 22 de la que partió el disparo. Más tarde se supo que
un estrecho colaborador del fiscal, Diego Lagomarsino, le había prestado el
arma dado que, según el testimonio del técnico informático, el fiscal temía por
su vida. La investigación a cargo de la fiscal Viviana Fein mantiene la tesis
del suicidio o suicidio inducido. Sin embargo, la expareja de Nisman, la jueza
federal Sandra Arroyo Salgado, que se convirtió en querellante de la causa,
encargó una investigación a un grupo de peritos de primer nivel que concluyó en
la hipótesis de un homicidio.
Nisman se proponía explicar los resultados de
su investigación ante el Congreso, donde, comentó a sus allegados, aportaría
pruebas contundentes: «El lunes voy fuerte con pruebas!!!». La
denuncia que el fiscal presentó cuatro días antes de su muerte fue desechada en
dos ocasiones por la Justicia, que no halló mérito suficiente como para abrir
la indagatoria que se enfocaba sobre la presidenta Cristina Fernández y el
canciller Héctor Timerman. Son incontables los extremos que todavía permanecen
sin aclarar. El papel del exjefe de Operaciones de la ex SIDE, Antonio Stiuso,
es uno de ellos.
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